Se les caerá el caso Mixtla de Altamirano

Redacción | 07-11-19 | 12:41

Prosa aprisa
Arturo Reyes Isidoro


Especialistas en meterse en problemas en forma innecesaria y sufrir
severos reveses legales, las autoridades estatales van derecho a otro
frentazo contra la pared de concreto en el caso del municipio de Mixtla
de Altamirano.


Personas enteradas a fondo del tema y conocedoras de la mecánica
legal están seguras que si los ediles depuestos por la Legislatura para
nombrar un Consejo Municipal interponen un amparo echarán abajo lo
que consideran una arbitrariedad y un acto fuera de la ley.


Remiten a los artículos 129 y 130 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre donde queda claro que no se da ninguno de los supuestos
legales no obstante lo cual el cuerpo legislativo, de mayoría morenista,
votó deponer al ayuntamiento en funciones.


Ayer el caso amenazaba en convertirse en un problema mayor pues
los agentes y subagentes municipales (y atrás de ellos la mayoría de
la población) del municipio de la Sierra de Zongolica advirtieron que no
permitirán la instalación del Consejo Municipal que pretenden desde el
Palacio de Gobierno.


Así, el Gobierno del Estado secundado por la bancada morena en el
Congreso abrió ya dos frentes, uno legal y otro de rebelión popular. Se
advierte que como no tienen problemas quieren ahora incendiar la
Sierra de Zongolica, porque cuidado que los paisanos de la sierra
cuando se enojan son bravos de verdad.


En fuentes de la Legislatura se comenta que quien empinó al
gobernador en el problema fue el secretario de Gobierno, para variar;
o sea, otra raya al tigre.


Que están tras exgobernadores


Declaró ayer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez que la Fiscalía
General de la República (FGR) “está detrás” de los exgobernadores
Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares.

A diferencia del locuaz secretario de Gobierno, Eric Patrocinio
Cisneros Burgos, quien aventura señalamientos, el mandatario estatal
dijo que por diversas irregularidades durante sus gestiones, lo que es
probable porque hay señalamientos concretos de organismos
autorizados como el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz (ORFIS) y la propia Auditoría Superior de la Federación
(ASF).


Del gobierno de Duarte no hay ninguna duda del grave daño
patrimonial que causó por el mal uso que hizo de recursos estatales y
federales.


El 4 de noviembre de 2016, a días de que concluyera su sexenio,
aunque ya andaba prófugo de la justicia, el portal informativo
animalpolitico informó que para la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) los desvíos de Duarte imponían récord histórico.


“El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, dijo que las irregularidades
encontradas en las cuentas públicas de Veracruz eran históricas pues
desde el año 2000 –que nace la Auditoría– no se habían sumado
tantas denuncias y desvíos”, consignó.


Para entonces sumaban ya 60 denuncias ante la entonces
Procuraduría General de la República (PGR) por irregularidades en el
manejo de recursos federales, y según cálculos de la ASF el daño
patrimonial causado al erario superaba los 60 mil millones de pesos
solo de partidas federales, aparte las estatales por las que la Fiscalía
local le fincó cargos por peculado, ejercicio indebido del servicio
público y tráfico de influencias.


Las irregularidades corresponden a las cuentas públicas 2011, 2012,
2013 y 2014, y faltaban las de 2015 y 2016.


Entonces más que andar “detrás” de Duarte, lo que FGR buscaría
sería fincarle nuevos delitos porque ya lo tiene asegurado tras las
rejas, o atrapar a excolaboradores suyos.


Exfuncionarios yunistas, en la lista


Con el gobierno de Yunes es otro cantar. Hasta ahora ni la FGR ni la
Fiscalía General del Estado han hecho una acusación directa contra el
exgobernador, pero tampoco hay duda de que hubo irregularidades en

el manejo de recursos federales durante su administración, lo que
investigó, documentó y denunció el ORFIS directamente a través de
su titular Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.


Hasta ahora, igual, no se puede ser contundente y afirmar que la FGR
ya anda “detrás” de Miguel Ángel, aunque tampoco se puede asegurar
que no pueda ocurrir. Todo dependerá del resultado de la
investigación que realice o que realiza por la denuncia que interpuso
Portilla.


A la fecha, el auditor superior de Veracruz ha documentado daño
patrimonial por un monto global de 1,248.5 millones de pesos causado
por exfuncionarios yunistas, cifra de la cual 204.5 millones son de
recursos estatales, por lo que ya hay denuncias en la Fiscalía General
del Estado, y 1,044 millones de recursos federales, motivo por el que
se pidió la intervención de la Fiscalía General de la República.


Pero esas cifras corresponden solo a la cuenta pública 2017, si bien la
de recursos federales incluye parte de 2018 ya que fue hasta entonces
cuando se ejerció el dinero que se destinó para las cámaras de
videovigilancia. Se espera que a mediados de agosto próximo se
determine el monto del daño patrimonial de la cuenta pública 2018.
Actualmente se está en la etapa de solventación (comprobación) del
uso de los recursos por parte de funcionarios que los ejercieron.


Contrario al secretario de Gobierno, el titular del ORFIS, Portilla
Vásquez, ha presentado ya denuncias por la seguridad que tiene de
las irregularidades, sustentadas en pruebas. Si bien él es técnico y
hace solo su trabajo de fiscalización, si el gobernador quiere
aprovechar la circunstancia para que se actúe contra sus
predecesores tiene que apoyarse en sus denuncias para no correr el
riesgo de hacer un oso como los de Eric Cisneros Burgos.


Las fiscalías tienen obligación de actuar


La FGR, que se sepa, todavía no “está detrás” del exgobernador
Yunes, pero tiene ya material para empezar a investigar, a lo que se
habrá de agregar la denuncia que en su momento presente la ASF
contra la administración yunista, pues paralelamente investiga el uso
de recursos federales en la compra de las famosas cámaras de
videovigilancia, para lo cual incluso la semana pasada estuvieron en

Xalapa auditores federales recabando toda la información posible
sobre el caso.


Así, corresponde a la Fiscalía General del Estado y a la General de la
República determinar quiénes son los responsables del daño
patrimonial y proceder en consecuencia. Ambas instituciones serán las
que dirán si resulta implicado o no el exgobernador Yunes.


Hasta ahora, por lo que hace a la Fiscalía local, no se sabe qué tanto
ha avanzado en su investigación, existiendo la duda de que de veras
vaya a actuar por el origen yunista del fiscal Jorge Winckler Ortiz, es
decir, que estaría protegiendo a sus excompañeros de equipo político.


Creo que más que proclamar que la FGR ya “anda detrás” de Duarte y
de Yunes, el gobernador debiera no involucrarse directamente para no
politizar el trabajo de auditoría, pero sí a nombre de los veracruzanos
exigir lo mismo al fiscal estatal que al federal que avancen en su
investigación con base en lo que ya les documentó el ORFIS, que
exija que se aplique la ley contra quien resulte responsable, que vigile
que no haya impunidad y, sobre todo, que busque que se repare el
daño causado al patrimonio estatal.