Por fin, denuncia formal, no mediática

Redacción | 04-10-19 | 11:08

Prosa aprisa

Arturo Reyes Isidoro

Sin estruendo, pero con la formalidad que el caso requiere, el gobierno
de Cuitláhuac García Jiménez presentó ayer denuncia formal en
contra de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares por
“irregularidades” en el Sistema Estatal de Videovigilancia.

Los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Eric Cisneros
Burgos y Hugo Gutiérrez Maldonado, respectivamente, se presentaron
ante la Fiscalía General de la República (FGR) para hacer la
acusación penal, y en declaraciones mencionaron el presunto delito de
peculado por más de 300 millones de pesos de recursos federales,
adelantando que preparan otras cinco denuncias ante los fueros
federal y estatal.

No es la primera de la administración cuitlahuista contra la yunista,
pero sí la que más parece tocar directamente al exgobernante porque
aunque había un titular del ramo fue el propio Yunes Linares quien
asumió el manejo directo de la política de seguridad y la hizo de
vocero de la dependencia.

En el boletín oficial en el que se dio cuenta de la denuncia, presentada
en la Ciudad de México, se cuidaron muy bien de especificar que es
“contra quien resulte responsable”. Se mencionó que la irregularidad
se cometió “en la administración que presidió Miguel Ángel Yunes
Linares” pero para nada se dijo que el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública era Jaime Téllez Marié, de quien parece que nadie
se acuerda ya.

En los datos que se aportaron, se informó que el gobierno anterior
reportó una inversión total de mil 100 millones de pesos pero que
resultó que únicamente funcionan y con deficiencias mil 695 de 6 mil
324 cámaras (solo 28 por ciento), y que de “los dispositivos” instalados
(no se especifica en qué consisten) hay 4 mil 354 cámaras sin operar,
equivalente al 72 por ciento que no funciona, además de que faltan por
instalar 275 cámaras del total contemplado.

Se dieron detalles: en Fortín, de 676 cámaras instaladas ninguna
funciona; en Poza Rica, de mil 120 solo funcionan 10; en Cosoleacaque, de 990 solo trabajan 62; en la región de Xalapa, de mil
228 solo están útiles 339, no sirviendo 879; en Pánuco, de 380 solo
funcionan 88, y solo Veracruz, donde gobierna el hijo del
exgobernador, Fernando Yunes Márquez, de mil 631 sirven mil 196.
Fue el propio titular de la Unidad Especializada en Investigación de
Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración
de Justicia de la FGR, Alberto Antonio Valle Gay, quien recibió la
documentación, se informó.

El procedimiento usado esta vez sugiere que o ya aprendieron en el
gobierno cuitlahuista, o que ya están aprendiendo, o que fueron y
están bien asesorados porque buscaron la vía formal en lugar de
concretarse a las denuncias mediáticas, que no tienen ningún efecto
legal y solo hacen ruido, sirven para el escándalo.

Esta vez se vio bien el secretario Cisneros Burgos, quien se había
decantado por litigar en los medios pero no había procedido
formalmente acudiendo ante una instancia legal, con documentos que
aportaran pruebas.

Llama la atención también que a diferencia de Yunes Linares, quien
asumió en forma directa la denuncia mediática contra su antecesor
Javier Duarte de Ochoa, esta vez Cuitláhuac García Jiménez ha
optado por mantenerse alejado del asunto dejando que sean sus
subalternos quienes procedan.

Igualmente, que por lo que se presume, basan sus denuncias en las
anomalías o irregularidades que han encontrado en la documentación
y en deficientes o inoperantes equipos que encontraron, en obras no
realizadas o no concluídas, mientras que el anterior gobernador la hizo
de investigador y localizó y grabó clandestinamente a presuntos
cómplices de Duarte y cobró notoriedad mediática cuando filtró parte
del resultado de su trabajo.

Yunes llegó incluso a anunciar que tenía información que iba a
“cimbrar” al país, pero nunca dio a conocer nada que cumpliera con su
amago.

Todo indicaría que estamos ante un nuevo capítulo en la guerra entre
el gobierno entrante y el que salió, tal como sucedió en el pasado
inmediato anterior, que dio como resultado el encarcelamiento del exgobernador Duarte, pero ajusticiado por la entonces Procuraduría
General de la República (PGR), no por la instancia estatal.

El resultado ahora es impredecible porque tendrá que resolver no la
Fiscalía General del Estado, a cuyo titular se le sigue considerando
afín al exgobernador, sino la FGR que, por más que se diga que no,
responde al gobierno federal que preside Andrés Manuel López
Obrador, enemigo público de Miguel Ángel Yunes Linares.

Al exgobernador le esperarían tiempos inciertos si la instancia federal
decide darle curso en forma rápida a la denuncia y si procede girando
alguna orden de comparecencia a “quien resulte responsable”, sea el
propio Yunes, Téllez Marié, Guillermo Moreno Chazzarini, exsecretario
de Finanzas, o cualquier funcionario de la administración anterior.
El baile, pues, y no de salsa, está por comenzar. Esta vez la denuncia
no ha sido ante la Fiscalía estatal, donde no se sabe en qué van las
denuncias que ya se presentaron. En la Fiscalía federal las cosas
pueden tomar otro rumbo.

Creo que la denuncia formal es el mejor camino para terminar con los
pleitos políticos que tanto dañan a la tranquilidad social de Veracruz.
Si hay culpables probados, que se castiguen con estricto apego a la
ley; si no, que cese la guerra mediática que solo distrae la atención de
los grandes y graves problemas que se padecen.

Lo deseable es que Cuitláhuac García se dedique a gobernar y que no
ocupe su tiempo, que es de los veracruzanos, a emprender un acoso
personal contra su antecesor, como este, a su vez, hizo contra el suyo.
El interés de la población está por encima de un pleito político
personal, y al bienestar de todos sus paisanos debe dedicar toda su
atención y su esfuerzo. Veracruz quiere y pide vivir, por fin en paz.
Que la FGR haga lo suyo.

Matices Políticos no es responsable del contenido de éste artículo. El texto es opinión propia del autor.