Justicia sin distinciones, el precedente Judicial

Redacción | 10-01-19 | 08:12

Artículo/ Opinión

Está por demás estudiado que nuestro sistema jurídico vigente está influenciado por dos tradiciones: la americana y la francesa. Mientras que para los franceses no es necesario publicitar las sentencias, porque el sistema jurídico provenía de un absolutismo en el que el sistema judicial se “encargaba” de legitimar decisiones arbitrarias de los monarcas, para los americanos la publicidad de las sentencias es esencial, incluso buscando que sea de la forma más extensa posible, es decir, de todos los tipos de jueces en todos los órdenes del gobierno, por ejemplo, es sencillo entrar a la página web de cualquier Corte americana y obtener una sentencia incluso por curiosidad o pasatiempo.
Sin duda, esta tradición es la que se emuló en la Constitución mexicana de 1857 en donde se creó el Semanario Judicial de la Federación (1870) con el objeto de hacer públicas las resoluciones judiciales, intentando integrar en el sistema judicial mexicano el principio “stare decisis” americano, que consiste en “estar a lo decidido”, que consiste en reconocer que en el pasado se han creado criterios obligatorios en la resolución de casos, a los que deben ajustarse las resoluciones futuras (jurisprudencia), evitando “repensar” lo mismo infinidad de veces. Siglos después Porfirio Díaz anuló lo logrado en el siglo XIX, reinstalando la tradición francesa para la que no es un requisito que los fallos sean públicos.
¿Por qué considero que publicar las sentencias es importante? Porque en casos exactamente iguales un juzgador puede decidir distinto, por las razones que sean, y esto atenta contra la seguridad jurídica de las personas, además que le quita coherencia a todo el sistema de impartición de justicia, amén que abre abismos de discrecionalidad que pueden ser utilizados para malas o cuestionables prácticas, razones –pensando mal- adecuadas si se pretende que los jueces actúen por consigna.
Hace unos meses recuerdo haber leído una noticia en la que un personaje del poder judicial celebraba ufano con bombo y platillo (como suelen hacer los políticos) el replicar para el Tribunal Superior de Justicia el sistema de precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerado como uno de los mejores de América Latina, pero hasta ahora nada, es un aventura extrema intentar conseguir una sentencia si no se es parte (o incluso siéndola), el argumento de la intimidad y derecho al honor de las partes no es válido si se eliminan los nombres y datos personales en términos de las leyes aplicables, interesan los argumentos de derecho que son casi imposibles de conseguir.

¿Cómo saber si se aplicó la ley correctamente? Si es un caso que no trasciende a los medios se me hace Imposible, pues no hay forma de cerciorarse por no tener acceso a las resoluciones, y ¿si el juez aplicó la ley a injustamente? Hasta ahora imposible saberlo.

La justicia debe ser igual para todos, existe pues el derecho a la igualdad, si las sentencias fueran públicas, se acabaría con la duda de ¿cómo resolverá el juez mi caso?, pues teniendo acceso a las resoluciones anteriores del mismo juzgador en los juicios que ha participado, se podría estar seguro que la ley será aplicada en forma igual, eliminando toda posible consigna en la resolución de algún asunto, lo que no anula nuevas reflexiones que pudieran cambiar el criterio, siempre y cuando estuvieran adecuadamente argumentadas.

Otra cuestión que considero importante es la posibilidad de exigir responsabilidades a los juzgadores, pues sólo leyendo los fallos se puede saber si resuelven conforme a derecho y no de forma arbitraria, teniendo la posibilidad las partes y todos los que tengamos algún interés legítimo en la administración de justicia, de señalar una posible aplicación del régimen de responsabilidades políticas y jurídicas para los juzgadores.

Viene a mi mente el cambio de criterio de blanco al negro de un Magistrado local en materia penal, en el que una persona confesa de homicidio pudo alcanzar la libertad por “cambio de criterio”, lo que generó un seguimiento mediático nacional, contrario a lo que ocurrió (nada) considero que si se trata de una violación grave un juez debe ser señalado por los ciudadanos ante la Legislatura -en el caso de los Magistrados- para que se enderece un juicio político o ante el Consejo de la Judicatura si se trata de otro tipo de juez, es un derecho del ciudadano exigir que quienes nos juzgan lo hagan apegados a la ley, en completa legalidad y ética.

Si un juzgador sabe que sus sentencias serán públicas y que a través de ello se pudiera fincar responsabilidades políticas o jurídicas, estoy seguro no hubiera ni intentos de salir de un marco de actuación legal y ético, además que servirían de referencia para jueces menos experimentados y como recursos didácticos en la academia, todos ganamos. Además, no hay que olvidar que el juez habla a través de sus sentencias, uno bueno podría ser tomado en cuenta para futuros nombramientos o ascensos. Como escuché alguna vez decir al Ministro en retiro José Ramón Cossío: “se puede dejar satisfecha a la parte que no obtuvo una sentencia favorable si la argumentación es impecable y se decide conforme a la ley”.

Otro beneficio sería la rapidez con que se pudieran obtener sentencias, lejos de lo señalado en el artículo 17 de nuestra Constitución, nuestra impartición de justicia de expedita tiene muy poco, un derecho fundamental del gobernado que prácticamente se viola permanentemente. Si los juzgadores cuentan con precedentes, ahorran tiempo en resolver los asuntos, disminuyendo cargas de trabajo para todo el personal judicial, pudiendo aprovechar ese tiempo para actividades académicas, personales o lo que quieran, esto abona a una vida familiar balanceada.

Por eso celebro que exista una iniciativa en el Senado de la República en este sentido, tratando de evitar la opacidad judicial en sus resoluciones, ampliando lo que dice la ley general de transparencia sobre que sólo deben publicarse las de “interés público” proponiendo que se publiquen todas, pues no es claro quién define ese interés público y en qué consiste, llegando al extremo de publicar dos o tres sentencias intrascendentes con el objeto de cumplir la ley o peor aún no publicar nada con el argumento que nada es de interés público, sólo hay que revisar la sección de cualquier página web de cualquier tribunal superior de justicia para darle la razón a la iniciativa.

Bien haría el Consejo de la Judicatura del Estado o la Legislatura tratar al respecto en el plano local, tomando en cuenta que en estos tiempos de cambios institucionales y regímenes políticos, sería beneficioso otorgar herramientas a la ciudadanía para jamás dejar de observar el estado de derecho que –aún con sus deficiencias- nos ha costado tanto alcanzar.

En palabras de Aristóteles: “quien controle los tribunales, controla el estado”, que mejor que quien controle los tribunales sea la propia ley, designándose a los mejores calificados y siempre estén al escrutinio de la sociedad sus actuaciones, transparentando la razón de sus actividades: las sentencias.

Mtro. Juan Manuel Herrera Sosa
Ex asesor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Profesor de Amparo en la Universidad Anáhuac Xalapa