Inseguridad en Veracruz genera migración local

De acuerdo con legisladores y empresarios veracruzanos los altos índices de criminalidad y la inseguridad, han provocado que cientos de familias de distintas ciudades de aquel estado migren a otras entidades

Redacción | 03-13-19 | 08:40

Con información de Agencias Digitales.

Xalapa, Ver.- De acuerdo con legisladores y empresarios veracruzanos los altos índices de criminalidad y la inseguridad generada por esta circunstancia, han provocado que cientos de familias de distintas ciudades de aquel estado migren a otras entidades.

Coatzacoalcos es una de las localidades veracruzanas más emblemáticas y de las que, de unos años a la fecha, ha sido abatida por el crimen organizado,, las extorsiones, los secuestros y los homicidios son cosa de todos los días, numerosos negocios han cerrado y familias enteras han abandonado su patrimonio para buscar un lugar tranquilo para vivir.

De acuerdo con Raúl Ojeda, Presidente de la asociación Unidos por Coatzacoalcos, medidas como el programa de cámaras de videovigilancia “son una tomada de pelo para todo el estado” pues no solo se otorgó un contrato a una empresa que no ha cumplido a cabalidad el servicio por el que fue contratada.

“En esos contratos se firma una fianza y cuando lo que se establece no se cumple y eso es precisamente lo que se debería hacer, se debe cobrar la fianza por incumplimiento de contrato”.

Los esfuerzos de las autoridades gubernamentales en los últimos 6 años simplemente no han ofrecido ningún resultado positivo, el ejemplo más reciente es precisamente el programa de cámaras de videovigilancia, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes contrató a la empresa Comtelsat para instalar más de 6 mil cámaras que simplemente no sirven y por las que se firmó un contrato de más de mil millones de pesos.

Por si esto fuera poco, el Órgano Fiscalizador de Veracruz determinó que ese contrato fue otorgado de manera irregular y que además no se cumplió con lo establecido en el mismo, las cámaras no operan como se había prometido y fueron instaladas en zonas en las que no son funcionales.

Ha trascendido en el gobierno actual y entre empresarios de todos los ramos, que el dueño de Comtelsat, Manuel Arroyo usa al periódico El Financiero-Bloomberg -del que es propietario-para presionar de manera mediática y así obtenerlaadjudicación directa de diversos contratos.

Tal es el caso de la Asociación Público Privada -APP- que retomaría la edificación del penal de Papantla, abandonado desde hace más de dos años y en el que se han invertido más de 2 mil 500 millones de pesos.

Periodistas  y fuentes cercanas a Bloomberg manifiestan que por estos hechos -ya denunciados- hay descontento hacia Arroyo por parte del gigante de medios financieros de los Estados Unidos, pues no solo se ha incurrido en prácticas desleales, sino que no ha cumplido con los compromisos económicos y de pago por la concesión del nombre.

El Congreso veracruzano confía que la autoridad estatal no cederá ante presiones mediáticas, y más cuando los recursos que se pueden ejercer a favor de la seguridad pública deben estar fiscalizados y hasta etiquetados, en el caso de las videocámaras y por las denuncias presentadas confían se aplicará la ley y la fianza se debe hacer valida.

De la misma manera lo Diputados localesreconocen las políticas establecidas por la actual administración, encabezada por el morenista Cuitlahuac García quien ha contemplado a la Guardia Civil como un coadyuvante en las políticas públicas actuales que buscan que Veracruz vuelva a ser un estado seguro.

José Manuel Pozos diputado de Morena, presidente del Congreso veracruzano reconoció en entrevista que el fracaso de la anterior administración estatal en materia de seguridad pública fue precisamente contratar empresas de dudosa calidad moral y que han sido sancionadas en más de una ocasión por prácticas desleales e incumplimiento de contratos como es el caso de Comtelsat.

“El tema de las videocámaras, pues sabemos que prácticamente fue un fraude, porque eso quedó mal entregado, incluso hay un proceso en el que se están haciendo las denuncias correspondientes”.

Amado Cruz Malpica, diputado por Coatzacoalcos aseguró que más allá de las “buenas intenciones de los gobiernos de Veracruz” se deben fiscalizar los recursos otorgados a los particulares quepretendían sumarse a las políticas públicas en contra de la inseguridad y se les debe rescindir el contrato y en su caso, fincar una responsabilidad penal.

El legislador aseguró que además de las denuncias correspondientes en contra de quien resulte responsable por el fraude de las cámaras de videovigilancia, se deben fincar las responsabilidades tanto a particulares como a servidores públicos que hayan incurrido en prácticas de corrupción, esto por avalar a una empresa sancionada por la Auditoría Superior que no mostró ni probidad y que ha sido inhabilitada en contratos con entidades públicas como Pemex.

De acuerdo con diputados locales, entrevistados durante la sesión del pasado miércoles, la inseguridad que se vive en Veracruz, le ha restado interés a un estado que en otras épocas era centro de atención turística, no solo por eventos como el Carnaval sino por ser una opción accesible y variada.

Las políticas en materia de seguridad pública, establecidas por el ex gobernador, ahora preso Javier Duarte y por su sucesor Miguel Ángel Yunes, no solo fallaron rotundamente sino que permitieron la entrada a proveedores y prestadores de servicios que incumplieron contratos y se beneficiaron con recursos del erario público.