Ley orgánica de UV es obsoleta y anacrónica; actualizarla fortalecerá las bases

Sobre la consulta que realiza la Comisión Transitoria encargada del diseño del anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de la UV, el también docente en la Facultad de Derecho dijo que su revisión y modificación es necesaria

Redacción | 08-27-18 | 13:24
Manlio Fabio Casarín León, investigador del IIJ y académico de la Facultad de Derecho

 

Xalapa, Ver.- Manlio Fabio Casarín León, adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), afirmó que una nueva Ley Orgánica de esta casa de estudios fortalecerá sus bases y cimientos, además deberá ser producto de la expresión universitaria y no un proyecto que pueda ser desvirtuado o desnaturalizado.

 

Al reflexionar en torno a la consulta que realiza la Comisión Transitoria encargada del diseño del anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de la UV, el también docente en la Facultad de Derecho dijo que su revisión y modificación es necesaria “porque dicha legislación data de 1993 y algunos contenidos ya son obsoletos o son anacronismo de ciertas disposiciones que, por la propia evolución y transformación de la Universidad, es evidente que se deben renovar”.

 

Consideró que en el país no existe un estándar o una legislación para las universidades que deba contener un número determinado de artículos, puede ser breve o extensa pero lo esencial de su planteamiento son los contenidos y elementos que deben de ser materia de la propia ley.

 

El nuevo documento debe de tener como punto de partida una exposición de motivos que plantee el cambio legislativo, buscando que éste sea claro, descriptivo y lo más justificativo posible, para que se presente un panorama de por qué se está cambiando la normatividad y cuáles serán los contenidos que se actualizarán, “pero sobre todo una exposición de motivos que oriente el cambio de una ley hacia una perspectiva o un proceso democratizador y plural como el que vive el país”.

 

Desde su punto de vista, entre los elementos que deben ser considerados en el nuevo diseño de la Ley Orgánica se encuentran: la legislación de los principios de la universidad pública, entendidos como un conjunto de valores tanto en su organización como en los esquemas en los que ha de funcionar, pero también en sus finalidades; aterrizar normativamente el régimen de supletoriedad, dado que al interior de la institución siempre se encontrarán puntos de vista encontrados con la realidad ante un vacío legal normativo, el cual tendrá que ser ocupado con normas supletorias.

 

El investigador universitario detalló que se deben considerar también las bases generales del régimen laboral de académicos y administrativos, para evitar la confusión en la competencia y atribuciones de los órganos para las controversias de carácter laboral y mixto (laboral y administrativo); habrá que considerar los derechos y obligaciones de la comunidad universitaria y estar acordes con el paradigma de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

 

Otro punto que debe contener la Ley Orgánica es el relacionado con la competencia de las autoridades universitarias, tanto colegiadas como unipersonales, las cuales deben de estar establecidas en una ley formal.

 

El ex director de la Facultad de Derecho consideró como elemento crucial el tema de la autonomía financiera, que a partir de un blindaje en la ley permita a la Universidad diversificar sus fuentes de financiamiento, “no nada más el asunto del subsidio federal y el local”. Con lo anterior podría fortalecer su capacidad de ingreso sin afectar el sentido de gratuidad en la preparación de los estudiantes, y esto complementarse con el subsidio público.

 

Un apartado más sería el relativo a las faltas y sanciones que se puedan inscribir en el ámbito de la disciplina universitaria, las cuales se deberán conectar con los recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a los elementos que existen en la restricción o delimitación de los derechos humanos.

 

Por lo que se refiere a la consulta que se realiza para la elaboración del anteproyecto, Casarín León dijo que el consenso debe ser en dos vías: recoger todas las expresiones de la comunidad universitaria y no olvidar el valor significativo que representa la experiencia de la práctica del día a día de las autoridades y funcionarios de la Universidad; subrayó que esta iniciativa deberá ser defendida punto por punto en el seno del Congreso del Estado, “porque no se trata de presentar un anteproyecto y ya”.

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