José Arenas quiere que Ayuntamientos lleven registro contable en materia de bursatilización

Redacción | 12-08-17 | 00:28

 

Xalapa, Ver.- El diputado local priista, José Roberto Arenas Martínez, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, relativo al registro contable por parte de los ayuntamientos de los remanentes correspondientes al segundo semestre de 2017 del Fideicomiso 998, en materia de bursatilización de recursos municipales, y de los montos a recibir por concepto del Impuesto Sobre la Renta participable, correspondiente al ejercicio 2017.

Explicó que de conformidad con lo establecido en el contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago número F-998, cuyo fiduciario es Deutsche Bank, S. A., constituido con motivo de la bursatilización de ingresos municipales derivados del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, autorizada en 2008 por el Congreso del Estado, semestralmente se retornan remanentes a los ayuntamientos adheridos a ese esquema de financiamiento. Dichos remanentes provienen de recursos retenidos en exceso para el pago de las obligaciones bursátiles por el Fideicomiso mencionado.

Arenas Martínez agregó que con base en el contrato respectivo, los remanentes devengados al primer semestre de cada año se pagan en agosto del mismo, y los del segundo semestre se entregan en febrero del siguiente año. Sin embargo, 199 ayuntamientos que bursatilizaron los ingresos municipales respectivos, no recibieron el remanente del primer semestre del año 2016, por un monto aproximado de 138 millones 200 mil pesos.

“La irregularidad señalada no se cometió respecto del remanente correspondiente al segundo semestre de 2016, ya que el pago se efectuó en febrero de 2017, por un importe global de 160 millones 700 mil pesos, y en agosto de este año se hizo el pago

a los ayuntamientos del remanente relativo al primer semestre de 2017, por un importe de 159 millones de pesos”.

Dijo que de acuerdo con lo estipulado en el contrato respectivo, en febrero de 2018 deberá pagarse el remanente correspondiente al segundo semestre de 2017, con una estimación aproximada de 138 millones de pesos, por lo que diversas autoridades municipales salientes se han acercado a los diputados priistas y de Juntos por Veracruz, a efecto de solicitar la emisión de un acuerdo de la Soberanía sobre este asunto.

El legislador local destacó que los presidentes municipales manifiestan que los remanentes que se pagarán en febrero de 2018 se generaron durante el segundo semestre del año en curso, por lo que corresponde a las administraciones municipales salientes el derecho de cobro como un ingreso devengado, por lo que esa cuenta por cobrar debe ser incorporada en los estados financieros de cierre de ejercicio.

“Toda vez que, a nuestro juicio, lo solicitado por las autoridades municipales que están por concluir sus períodos constitucionales tiene sustento jurídico-contable, al ser acorde con las previsiones que al respecto contiene en materia de ingresos devengados la Ley General de Contabilidad Gubernamental, proponemos que este Congreso autorice a los actuales ayuntamientos realizar los registros contables correspondientes”.

El diputado Pepe Arenas añadió que lo anterior, en razón de que, conforme a los solicitantes, los ingresos resultantes de las devoluciones derivadas de la bursatilización de ingresos municipales pueden ser asociados o etiquetados en el ejercicio fiscal en que se descontaron, al reconocerse contable y presupuestalmente.

Por otra parte, señaló que las mismas autoridades han expresado que el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal fue reformado el 9 de diciembre de 2013, para dar a las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal la posibilidad de participar al 100% de la recaudación que se obtenga del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de una entidad federativa, así como sus respectivos organismos autónomos, entidades paraestatales y municipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales

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